En este río revuelto de nuestro actual mercado laboral, plagado de empleos basura y ofertas trampa, donde resulta difícil dar con una propuesta de empleo digna, 5.000.000 de ciudadanos buscan -en ocasiones desesperadamente- un trabajo que les permita subsistir; conservar sus viviendas, pagar sus facturas o simplemente comer. Francamente, es altamente improbable, encontrar una oferta de trabajo con las condiciones de salario y contratación, que permita cubrir esas necesidades.

Se viene produciendo en estos últimos años, con el incremento continuo del paro, una tendencia o, más bien, una práctica generalizada de nuestros oferentes de empleo: la búsqueda del empleado chollo. Es escandaloso el retroceso que se está produciendo en los derechos y garantías de los trabajadores, especialmente desde el punto de vista de su protección y seguridad, pero si a ello le sumamos la actitud cicatera y oportunista de muchos empresarios lanzados a la caza del obtener más pagando menos a sus empleados, les hacemos un flaco favor a la productividad y la competitividad, dos factores económicos de peso que es tan necesario estimular. Esto no se consigue con el salario del miedo: miedo a quedarse sin trabajo o el miedo a no encontrarlo. Parece obvio que este no es el camino. Los empresarios tienen la obligación de saberlo y los legisladores el deber de crear la condiciones que impidan, o por lo menos no favorezcan, estas prácticas.

Comprar duros a peseta se ha convertido en la máxima de los empresarios que presentan nuevas propuestas de empleo y es una estrategia de contratación generalizada, ante el fuerte desequilibrio entre oferta y demanda. De nuevo la regla de los mercados enmascara a los oportunistas, modestos seguidores de los empresarios del pelotazo, que tienen buena parte de culpa en nuestra actual situación.

Se ha impuesto el: «A río revuelto, ganancia de pescadores». Pero no todo vale. Ante esta situación en el mundo del trabajo, los poderes públicos tienen obligaciones establecidas incluso por la Constitución Española de 1978. En el TÍTULO I, CAPÍTULO II, SECCIÓN 2ª De los derechos y deberes de los ciudadanos, el artículo 35.1 dice: «Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo».

Es obligación de nuestros políticos y las Instituciones del Estado promover y garantizar estos derechos para todos los españoles. ¿Lo han olvidado? La respuesta parece evidente, Mariano Rajoy nos lo dejó claro la semana pasada con sus inevitables medidas de recorte, tijera nuestra de cada día, con las que el Presidente de la nación pretende estimular la búsqueda de empleo. Él solito dejó patente la monumental carencia de imaginación de nuestros gobernantes y su falta de interés por el bienestar de los súbditos (antes ciudadanos).

¿Hasta cuándo vamos a aguantar?

Fdo.: Este súbdito acongojado.